Propuesta inicial

La organización material de las sociedades, la organización económica, está en la raíz de los problemas ambientales y sociales actuales. Las políticas neoliberales han conseguido su utopía particular de un mercado libre global, especialmente para las finanzas. Sin embargo, la sociedad sigue viendo como utópica una globalización de la democracia. La consecuencia de este desgobierno de lo que de facto ya es global es un crecimiento de la desigualdad, la regresión social a nuevas formas de dependencia absoluta que pone la vida completa de muchos al servicio de los más fuertes, y un deterioro ambiental que nadie puede controlar efectivamente. Los gobiernos empequeñecidos en su comparación relativa con la fuerza de los mercados internacionales desregulados, se ven presionados para aprovechar cualquier forma de lograr un incremento de su competitividad a corto plazo, y son incapaces de decidir cosas como el modo de distribuir la riqueza o cuáles han de ser los límites ambientales a la producción, so pena de verse marginados por la libre marea monetaria del mercado global cuyo único norte es la rentabilidad. Este criterio único de los mercados de capitales está automatizado y es ciego a cualquier otra consideración, ecológica o social, e incluso a su propia sostenibilidad a largo plazo. A menudo, no siempre, la influencia que ejercen las decisiones de inversión está desvinculada de la conciencia de los propietarios de los capitales, que sólo saben que estos están en un fondo de inversión.

Para poner solución a esto, el primer paradigma que ha de cambiar es el de considerar utópico, inalcanzable, algo que en realidad sólo depende de nuestra voluntad colectiva de hacerlo viable. Puede parecer ingenuo pretender un cambio de mentalidad global, pero al ser la única vía de solución posible, cualquier otra opción resulta timorata.

Algunas medidas se vuelven imprescindibles para una gestión sensata de la realidad: 

1 - Internalización de los costes ambientales. La empresa ha de suprimir o compensar completamente su huella ecológica asumiendo los costes necesarios para ello. No sólo su huella de carbono -incluyendo la producida por el transporte- sino también el coste del reciclado, con la obligatoriedad añadida de que todo aquello que se fabrique prevea un método y un coste para el completo reciclado de todos los componentes de lo producido -reciclado de origen-. Lo contrario supone una producción engañosa que determina pecios no realistas, pues se realiza a costa de deteriorar bienes comunes cuyo coste no se incluye en la producción. Debemos asumir que no es legítimo producir nada cuyo reciclado integral sea imposible. O dicho de otra manera, toda innovación es incompleta, precaria, falaz si no incluye el modo de reciclar lo que esta suponga en el plano material.

¿Supondría esto un decrecimiento económico? En la medida en que se diera un decrecimiento por la dejación que hemos hecho en el pasado a la hora de aplicar esta medida, ese decrecimiento sería el necesario. El crecimiento sólo es legítimo, (y sólo es real), si tiene lugar en ausencia de huella ecológica...

...y en ausencia de huella social:

2 - Renta básica global, como derecho subjetivo siempre disponible para cualquier persona en todo el mundo. Actualmente se supone que uno debe encontrar un trabajo y sólo después cobrar un sueldo por el mismo ¡aun cuando ese empleo no exista!, aun cuando no haya trabajo remunerado para todos. Pero hasta cierto nivel de ingresos debe ser al revés: uno tiene derecho al sustento básico necesario por el mero hecho de nacer en un entorno natural y económico ya colonizado y controlado en su totalidad, aunque después se le pueda exigir a cambio algún tipo de labor. Es responsabilidad de la administración determinar las labores necesarias y encomendarlas a las personas que no tengan otro trabajo, guardando proporcionalidad entre el tiempo de exigencia y la renta. No ha de condicionarse el cobro de algún dinero a que el individuo sea capaz de encontrar un "nicho de actividad" rentable suponiendo que lo haya. Su sustento es un derecho preferente, un límite al que deberán adaptarse todas las demás variables económicas, como la fiscalidad.

Esta renta que garantizaría sólo la suficiencia para sobrevivir sin pasar penalidades, evitaría la explotación más cruel, la servidumbre esclavizadora; evitaría muchas tensiones sociales debidas a la injusticia económica; permitiría la formación personal de quienes ahora no pueden hacerlo aun estando dispuestos a vivir austeramente para ello, con el consiguiente beneficio social que se derivaría de ello; y no eliminaría el incentivo al esfuerzo al no dejar de existir el resto de posibilidades de crecimiento personal, ya sea económico o intelectual, que estimularían el innato impulso hacia diversas formas del mismo, un impulso inherente a la condición humana como se ha demostrado sobradamente. Por el contrario, la inexistencia de unos mínimos de subsistencia por los que no haya que luchar, ahoga las posibilidades de aplicar la iniciativa propia en favor del desarrollo personal y social.

Si el crecimiento económico supone deteriorar las condiciones de vida de la población, como está ocurriendo en infinidad de lugares, no estará siendo un crecimiento humano sino un mero crecimiento de la transformación de la realidad: crece la medida en que la realidad se ve transformada, no la medida en que esta transformación nos favorece. En algunos lugares, las políticas keynesianas favorecieron la aparición de clases medias con mejores condiciones de vida, pero la ulterior acumulación de capital por parte de los propietarios, acaba por convertir a estos en oligarcas que, en favor de la mayor rentabilidad posible, y haciendo uso de su nuevo poder, vuelven a deteriorar las condiciones de vida de los trabajadores. Los condicionantes actuales de toda corporación impelen a esta a intentar dominar el mercado anulando así la posibilidad de una competencia límpia y sus supuestos beneficios. Por todo ello, también sería necesaria una mayor limitación al crecimiento corporativo, mucho antes de que las multinacionales puedan verse afectadas por las actuales leyes antimonopolio, así como una limitación de la riqueza, y el consiguiente poder, que un particular pueda acumular. En algún punto se podrá establecer cuándo alguien puede considerarse sobradamente recompensado por su "esfuerzo inversor". De este modo, y junto a la renta de garantía, se crearía algo así como una economía de límites paralelos que impediría tanto la exclusión social como la concentración de un poder excesivo por acumulación de capital.

A diferencia de lo que en un primer momento podría verse en las restricciones ambientales, esta medida favorecería el crecimiento: el dinero repartido en quien tiene necesidades que cubrir con el mismo deriva en demanda de bienes y servicios locales en lugar de permanecer en fondos de inversión que, más allá de las necesidades de inversión de la economía, actúan como distorsionadores de esta al buscar la rentabilidad en la mera especulación. Las políticas de oferta, concebidas para exacerbar la productividad conjunta, no tienen sentido cuando hablamos de los bienes de primera necesidad, pues dejan privadas de sus derechos sociales a una gran cantidad de personas que para las formulas matemáticas de la búsqueda de rentabilidad, no tienen valor. Si el resultado óptimo ha de pasar por la exclusión de sus beneficiarios, caemos en el absurdo. ¿O no es en nombre del bien de las personas como se justifican las políticas económicas? A pesar de la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de todo el mundo, la orientación vertical de la economía, en favor de maximizar la productividad, hace que el resultado sea ineficiente en cuanto a satisfacción de las necesidades básicas globales, e ineficaz en el deseable objetivo de que el desarrollo económico afecte a toda la población sin excluir a nadie al menos en lo elemental.

Mientras alguien carezca de lo básico para subsistir, no está justificado que los demás tengamos algo más que lo básico para subsistir. Este principio ha de incluirse en los modelos económicos de modo que no pueda considerarse crecimiento aquel que se da a costa de la exclusión de alguna persona. Poner la inclusión como objetivo -a futuro- de las políticas económicas es simplemente inaceptable, porque supone que, disponiendo de recursos para evitarlo, alguien va a pasar miseria hoy mismo. Los cacareados "objetivos del milenio" son indecentes por trasladar al futuro la solución al sufrimiento actual. En lugar de objetivos deberían ser condiciones: las "condiciones del milenio" o simplemene, las condiciones del crecimiento. Mientras esto ocurra, mientras la economía no sea inclusiva, el crecimiento no estará teniendo lugar, es un engaño, o es otra cosa diferente del objetivo al que dice servir la organización económica. No es crecimiento económico conjunto el que excluye a algún individuo de ese conjunto.

3 - Las dos medidas anteriores son básicas porque, en caso de llegar a aplicarse completamente, por sí solas anularían los mayores desequilibrios globales -ecológicos y sociales- sin necesidad de apelar a ideología alguna ni a otras reformas sistémicas. Pero no serán posibles sin una fiscalidad y una supervisión globales que impliquen una jurisdicción legal también global. Tenemos que comprender que antes que ciudadanos de una cultura concreta, no después, somos habitantes de una misma biosfera. Si las políticas regionales, que no pueden sino priorizar los intereses regionales competitivos, acaban deteriorando esa frágil excepción en el cosmos que es la atmósfera concreta que actualmente respiramos, habremos deteriorado las condiciones que permiten la vida, algo anterior a la configuración de los estados.

4 - El siguiente paso sería establecer unos servicios públicos globales para aquellas materias que más allá de la alimentación y la vivienda, pueden considerarse básicas para la vida tanto del individuo como de la comunidad, como son la sanidad y los medios educativos. Quien más puede beneficiarse del sistema social vigente, debe contribuir a que ese sistema no margine a nadie. Todos los dividendos de todos los propietarios de hoy en día no habrían sido posibles sin el esfuerzo y los recursos de las generaciones precedentes, y a menudo a costa del expolio de los antecesores de quienes hoy nacen desheredados. También se benefician tácitamente del esfuerzo inversor e investigador de los presupuestos públicos que han derivado en gran parte de las innovaciónes de las que hacen uso en sus negocios. No sólo es de justicia que todo el mundo tenga derecho a recursos educativos y sanitarios que hagan honor a la dignidad innata de cualquiera de nosotros, sino que es necesario comprender que el sostenimiento de estos bienes comunes beneficia a cada uno. Las opciones de cada cual en la sociedad están condicionadas por la salud y la educación de todos.

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En la práctica, si estas políticas no se aplican no es porque las actuales se consideren más justas o más eficientes, sino porque la fuerza de quienes están interesados en las políticas económicas actuales ha sido suficiente para imponerse. Por ejemplo, la fuerza de quienes están interesados en que se pueda disponer de mano de obra esclava en países empobrecidos o hipotecados, o interesados en que se puedan vender armas a dictadores y grupos armados que masacran y someten a poblaciones indefensas para controlar el acceso a un recurso natural o para mantener bajo el precio del mismo, o interesados en que se puedan deforestar las selvas vírgenes para explotar su madera, sus minerales o para plantar otra cosa. La fuerza de estos intereses, apoyados por inmensas cantidades de dinero especulativo que orbita por el planeta, hace muy difícil que las medidas sensatas lleguen a aplicarse. Es por ello que la única posibilidad de que las mismas se tengan en cuenta es que la gran mayoría de la humanidad, que no se beneficia de esa rentabilidad cruel, tenga claro lo que es necesario y reme en esa dirección.

En estos días de "capitalismo popular" casi todos podemos dedicarnos a estudiar la evolución de las tendencias de los mercados bursátiles para tratar de rentabilizar nuestros ahorros, pocos o muchos, (o contratar a alguien para que lo haga), sin tener en cuenta la influencia social de esos movimientos de capital en algún lugar del planeta, sin ningún conocimiento acerca de la responsabilidad social de las empresas en las que se invierte. Y aunque alguien se propusiera tener en cuenta estos criterios, la información disponible dista mucho de ser perfecta, y las llamadas "expectativas racionales" que habrían de regular el mercado, no parecen humanas. Se hace imprescindible una regulación global, y entender que el bien común es bien para cada uno de nosotros, en la medida en que se puede utilizar y en lo previsible, como garantía social y ambiental. Entre tanto también podemos invertir en la promoción de las medidas que favorezcan una economía inclusiva, como cada cual sepa, en la convicción de que lo que uno opina sobre sí mismo influye sobre su bienestar más que el número de coches que podría comprarse.



Enero de 2011