14/2/2011

Economía inclusiva y ecológica

Suele entenderse por economía inclusiva aquella cuya regulación evita la exclusión social y, por contra, favorece la participación de todos sus integrantes en el sistema económico y en sus beneficios. Pero si a esta dimensión social le añadimos otra temporal, debemos entender que una economía que no incluye la preservación del medio ambiente entre sus costes es una economía que nos excluye a todos del futuro. Es obvio que la gestión económica se basa en los recursos que proporciona el medio ambiente, y hoy en día crecemos a costa de degradar lo que también será necesario en el futuro. Crecer a base de ampliar el crédito acaba pasando facturas mayores que el coste de crecer sosteniblemente. Partiendo del principio de una economía inclusiva y llevándolo un poco más lejos, podemos entrever la base de una gestión más equilibrada y sostenible que el desquiciado productivismo, cruel y suicida, que hoy en día nos gobierna.

Podríamos tomar como definición de economía inclusiva y ecológica aquella organización de la economía que en sus fórmulas incluya como condición inexcusable, el cuidado del bien común representado por estas dos garantías: la garantía de unos derechos sociales universales y la garantía de no estar deteriorando en nada el medio ambiente; una economía cuyos flujos siempre reviertan parcialmente en el cuidado de lo que hemos heredado al nacer, y en un sentido de pertenencia basado en el amparo básico de todos por todos; en definitiva, una economía que incluya el valor de la pervivencia a largo plazo y un progreso sano de la humanidad.      

No se trataría sólo de principios sino de medidas cuantificables. Por un lado, la internalización de los costes ambientales por parte de las empresas hasta conseguir una huella ecológica cero. Y por otro, una fiscalidad y un sector público suficientes para sostener una renta básica y unos servicios públicos exigibles para necesidades como vivienda, sanidad y medios educativos. De este modo se reflejarían los costes reales de producir algo, los costes totales en que se incurre, sin socializar el daño al medio ambiente derivado de la producción, y sin que la competitividad se apoyara en la regresión económica y la exclusión de importantes capas de población.

Estas fórmulas cerrarían un círculo de flujos económicos que mantendría equilibrado el efecto de nuestro trabajo de transformación de la realidad, mediante la inclusión de los costes completos, realistas, o de impuestos asociados a esos costes provocados a la sociedad. Otras medidas productivistas que estimulasen ese flujo tendrían acomodo a partir del punto en que se vieran satisfechas estas condiciones básicas de la organización económica. Todo crecimiento debería respetar estas premisas. El progreso ha de depender de nuestra iniciativa y de nuestra capacidad real, y no de consumir recursos finitos por cuya recuperación no paguemos nada, o de degradar las condiciones de vida cuyo mejoramiento es precisamente la justificación posible para ese progreso transformador.

Actualmente da la impresión de que progresamos hacia atrás y de que el crecimiento implica exclusión social. La única manera de que los términos progreso y crecimiento recuperen el prestigio perdido es mediante una economía de costes inclusivos en la que el futuro tenga un valor económico presente y la inclusión social tenga también un valor económico permanente.

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